Así es la nueva ley para ‘influencers’, ‘streamers’ y creadores de contenido

Hace meses ya publicamos un artículo sobre lo que estaba por venir. Una ley audiovisual que tenía intención de suprimir varios derechos fundamentales a los influencers y creadores de contenidos.

Ahora bien, esto ya es una realidad se aprobó una ley que rige a una persona que promueve servicios o productos de terceros a través de YouTube, Instagram o Facebook, o comparte información a través de un sitio web o plataforma con otros. La información que afecta a la sociedad es algo que las autoridades llevaban mucho tiempo intentando controlar y ahora esto tiene regulación.

¿En qué consiste?

La legislación 13/2022, de 7 de julio, Generalidades de la Comunicación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contiene principios generales aplicables en toda la industria audiovisual, incluida la obligación de transmitir una información respetuosa y veraz de los contenidos que publican o transmiten los influencers.

¿A quién aplica?

El ámbito territorial de esta ley general de comunicación audiovisual se supone que es prácticamente mundial, siempre y cuando tengas alguna vinculación con España.

Inicialmente la ley empieza su artículo diciendo que aplicará a aquellos que estén establecidos en España, no obstante, dicho artículo continúa estableciendo otros puntos en los que se entiende que una persona se encuentra establecido en el territorio español en los términos de prestador de servicios que esta ley general de comunicación audiovisual establece:

• Si tienes tu sede central en España.
• Si aunque vivas fuera de España, la toma de decisiones se realiza en España y parte del personal implicado trabaja en España.
• Si el influencer, youtuber o streamers inició su actividad inicialmente en España aunque no viva actualmente en España (y viva donde le de la gana), pero mantenga cualquier vínculo con la economía de España. Por ejemplo, que tenga una vivienda o una cuenta bancaria en España (es decir, que tengan algo que poder embargarte).
• Si utilizas un enlace ascendente con un satélite situado en España.
• Si no usas lo anterior, pero usas la capacidad del satélite de España.

Es decir, en definitiva, quieren que aplique a cualquier persona que tenga un vínculo con la economía del estado español.

Esta ley podría parecer que solo afecta a aquellas plataformas como Youtube, Instagram, Twitch, etc. No obstante, en su artículo 94.1 y 94.2 la ley dice que estarán sujetos a esta regulación los usuarios de “especial relevancia” que utilicen estas plataformas. Por lo que es aquí dónde entran tanto youtubers, twitchers y creadores de contenido en general.

Esta “especial relevancia” se traduce en que cualquiera que reciba una contraprestación “significativa” por ese contenido puede englobarse como sujeto de esta ley. Estas definiciones son altamente subjetivas, por lo que en realidad cualquier persona podría englobarse como sujeto de la ley, ya que por ejemplo lo que para una persona son 50€ algo nimio, pueden ser para otra una cantidad significativa.

El Youtuber funcionario de Estado

Por otro lado, algo importante a tener en cuenta es que promueve a que streamers y youtubers creen contenido de acuerdo a lo que les dicta el Gobierno y que gracias a eso reciban ayudas directas de dinero público.

Si estos influencers promueven los valores que establece el gobierno, podrán recibir dichas ayudas públicas aunque estos “creadores de contenido” no tengan ni visitas en sus vídeos, ni seguidores, pero siempre y cuando el estado entienda que esta persona en concreto promueve los valores que se requieren para recibir una ayuda pública.

La nueva Ley Audiovisual ya incluye a los ‘influencers’: derechos y deberes

Internet se ha convertido en un lugar de Internet que permite a la gente disfrutar de todo lo posible que está disponible para ellos de cualquier manera. Es bastante amplio, sí, pero ahora los creadores de contenido ofrecen diferentes tipos de vídeos. Así que el gobierno ha introducido un texto legislativo de comunicación audiovisual que cubre a todos los usuarios de YouTube y Twitch. Este texto también establece derechos (más bien pocos) y obligaciones que los creadores deben cumplir.

El incumplimiento de sus obligaciones puede acarrear sanciones y el cierre de su canal

La batalla política y legal por encontrar al Vlogger ha terminado.

A partir del 9 de julio, el Ministerio de Asuntos Económicos tendrá la potestad para sancionar a influencers, youtubers y streamers, si no cumplen los deberes que a continuación enumeramos. Con esta regulación y con sus futuros reglamentos lo que pretende el Gobierno es también supuestamente que permita lograr un equilibrio entre la TV y las plataformas de internet y sobretodo proteger a las personas con discapacidad y a menores de edad.

Obligaciones como influencers y creadores de contenidos

1. Inscripción en el Registro Estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. En esta inscripción debes establecer:
   1. Información sobre quién es el titular de las participaciones de tu empresa.
   2. Información sobre cuántas mujeres tienen cargo en el órgano de administración de tu empresa.
   3. El punto de contacto, es decir, dónde se puede contactar contigo para poner una queja o bien para dirigirte una notificación (muy probablemente una multa).
2. Adoptar medidas para la protección de los usuarios y sobretodo de los menores sobre ciertos contenidos audiovisuales. Entre las acciones que establece esta nueva ley general de comunicación se encuentra la de establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita, es decir un videojuego.
3. Habrá que tener especial cuidado con los datos recogidos de los menores de edad.
4. Deberás garantizar que tus vídeos cumplen todos y cada uno de los requisitos de la nueva ley general.
5. Si se pretende publicar un vídeo sobre juegos de azar, deberá hacerse en el horario establecido para ello (de 10pm a 6am). Ojo jugadores de póker!
6. Se deberá informar siempre en el vídeo que se realiza publicidad sobre el producto o servicios concretos.
7. Respetar los códigos de conducta que se establezcan con cualquier reglamento que desarrolle esta ley audiovisual. Estos códigos de conducta se basaran en los siguientes ámbitos:
   1. La protección de los usuarios.
   2. La protección de la salud pública.
   3. Protección de los menores.
   4. Reducción de los menores a la exposición de vídeos sobre bebidas y alimentos con alto contenido en sal, azúcares, etc. Por lo que se terminaron los vídeos con reviews a ciertos contenidos como por ejemplo este vídeo de Ibai Llanos.
   5. Reducción de los menores a la exposición de vídeos sobre bebidas alcohólicas y juegos sobre el azar. Habrá que tener cuidado si sois jugadores de poker y gambling que publicáis vídeos en alguna plataforma.

Infracciones y Sanciones en caso de incumplir la nueva Ley Audiovisual

Las infracciones que se preven en esta legislación se dividen en:

1. Muy Graves: como por ejemplo entre otras;
   1. La emisión de vídeos que inciten a la violencia, terrorismo, pornografía infantil o de carácter racista y xenófobo, discriminación en general.
   2. Vídeos que favorezcan a la discriminación de la mujer.
   3. El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley.
2. Graves: como por ejemplo:
   1. No mantener actualizados los datos en el Registro estatal.
   2. No inscribirse en el Registro Estatal.
   3. No tomar medidas de protección para los menores.
   4. Emitir vídeos o directos relacionados con los juegos de azar fuera del horario establecido.
3. Leves: como por ejemplo;
   1. No colaborar con la Administración.

En cuanto a las sanciones que están escritas en este papel, hay varios apartados donde se pueden dividir entre:

1. Muy graves: Pueden ir de 60.000€ hasta 1.5 millones de euros.
2. Graves: Pueden ir desde 30.000€ hasta 750.000€.
3. Leves: Pueden ir desde 10.000€ hasta 150.000€.

Solución

Actualmente el panorama en España solo es solucionable si un partido político presenta un recurso de inconstitucionalidad a dicha ley. No obstante, aunque se hiciera, poca eficacia tendría.

Por lo tanto, la única solución actualmente pasa con no tener ningún vínculo económico en España.